Tegucigalpa, Honduras. – El Instituto de la Propiedad (IP) realizó la entrega de 372 títulos de propiedad en el municipio de San Francisco de Becerra, Olancho, en una jornada que contó con la presencia del secretario privado de la presidenta, Héctor Zelaya, y la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna. Ambos funcionarios supervisaron personalmente el evento y compartieron con las familias beneficiarias, celebrando junto a ellas el sueño cumplido de obtener la legalidad sobre sus tierras.




Durante la actividad, Zelaya y Cerna escucharon los testimonios de los pobladores de los caseríos Laguna Seca, Rancho Viejo y Pueblo Viejo, reafirmando que el acceso a la tierra y a una vivienda digna es un derecho garantizado por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no un privilegio.
Esta entrega representa un nuevo avance en el compromiso del Gobierno del Socialismo Democrático con la seguridad jurídica y la justicia social, beneficiando a 93 hombres, 214 mujeres, 9 personas jurídicas y 56 comuneros mediante el mecanismo de prescripción implementado por el Instituto de la Propiedad.
El acto se suma al histórico evento realizado recientemente en San Pedro Sula, Cortés, donde se entregaron 3,500 títulos de propiedad en presencia de la mandataria. Con esta nueva jornada, el Gobierno suma más de 37,600 títulos otorgados entre 2022 y 2025, beneficiando a igual número de familias e impactando positivamente a más de 179,000 hogares en todo el país.
El IP, dirigido por el abogado Francisco Bocanegra, reafirmó su compromiso de acercar los servicios del Estado al pueblo hondureño, llevando seguridad jurídica y oportunidades a cada rincón del país. En las próximas semanas, las entregas continuarán en Choloma (Cortés), El Porvenir (Francisco Morazán), Olanchito (Yoro) y Lepaera (Lempira), consolidando un proceso histórico de regularización territorial que promueve desarrollo y estabilidad para miles de familias.
Cada título entregado representa el cumplimiento de una promesa del Gobierno del Socialismo Democrático, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, de garantizar el derecho de los hondureños a una tierra segura y legal, fortaleciendo la justicia social, la transparencia y el bienestar del pueblo.



















