Tegucigalpa, Honduras. – El Instituto de la Propiedad (IP) mediante comunicado informó que el Ministerio Público ejecuta secuestro de documentos en la institución como parte de Investigación por presuntos actos de corrupción en el fideicomiso SITEC administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
En torno al tema, este miércoles el Ministerio Público (MP) ejecutó un operativo de secuestro de documentos en sus oficinas, como parte de una línea de investigación relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados al extinto fideicomiso SITEC-IP.
«Esta acción corresponde a una etapa de seguimiento y solicitud de nueva documentación requerida por el Ministerio Público, con el fin de avanzar en la línea de investigación presentada por la Comisión Interventora al asumir funciones», añade el comunicado.
Refiere que el informe se entregó evidencia sobre posibles irregularidades cometidas en el marco de dicho fideicomiso, que era administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos.
Entre la documentación requerida se incluyen contratos, adendas, convenios y otros relacionados con proyectos ejecutados entre los años 2022 y 2024, durante este período se logró documentar e identificar lo siguiente:
1. Contratación irregular de ONG y fundaciones mediante convenios modificados fuera del periodo de vigencia del fideicomisa.
2. Modificaciones y ampliaciones de contratos llave en mano, sin justificación técnica ni legal, que alteraron el objeto final y sus beneficiarios
3. Firma de contratos posteriores a la derogación del fideicomiso, ejecutada mediante el Decreto Legislativo No 66-2022 aprobado el 27 de mayo de 2022 y publicado en la Gaceta el 15 de junio de 2022
4. Simulación de procesos de contratación de personal con convenios no contemplados en el presupuesto Institucional, presuntamente para beneficiar a grupos selectivos consultorías sin cumplimiento de productos.
5. Proyectos de vivienda social inconclusos e inhabitables, financiados con fondos públicos y destinados a poblaciones vulnerables, como los damnificados por ETA e IOTA.
6. Desembolsos millonarios a fundaciones a través de convenios disfrazados de estudios y cursos de convivencia social utilizando proyectos habitacionales inconclusos por empresas constructoras simulando la entrega y culminación de las mismas por parte de estas fundaciones.
7. Compromisos financieros sin respaldo documental, que hoy generan demandas y reclamos por parte de contratistas que no pueden ser validados legalmente, es decir entrega de cheques por parte de la UCP sin ejecución de proyectos.
«Estos hallazgos fueron posibles gracias al trabajo realizado por la Comisión Interventora, que desde su llegada ha priorizado la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción», menciona el IP en el escrito.
En ese sentido el Instituto de la Propiedad reiteró que no puede honrar compromisos económicos que carezcan de respaldo legal y documental.
La actual administración mantiene su compromiso con una gestión pública ética. transparente y apegada a la ley, y continuará colaborando de manera plena con el Ministerio Público y demás autoridades competentes para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes y se recupere la confianza ciudadana.
