Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una presunta estructura que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre los años 2010 y 2014, cuyos imputados son Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a otras 37 personas, incluyendo exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) acusa a estos individuos de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Las investigaciones indican que esta red habría defraudado al pueblo hondureño por más de noventa y seis millones de lempiras (L. 96,976,218.21) mediante 596 contratos asignados a los programas Bono Juvenil y DiMujer, creados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
El esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, el uso de “empresas de relleno” y la fragmentación de contratos para evadir los procesos de licitación.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían justificado con informes falsos capacitaciones que nunca se realizaron, mientras que las pocas que sí se llevaron a cabo fueron deficientes. Además, se habrían fabricado expedientes para ejecutar el pago total de los contratos.
Este desfalco no solo representó una pérdida millonaria para el país, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de oportunidades para desarrollar sus capacidades técnicas y emprender sus propios negocios, afectando gravemente su futuro y el de sus familias.
