Tegucigalpa,Honduras. – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo defendió su decisión de no conceder la palabra a la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, durante la sesión parlamentaria, al considerar que su moción sobre la renovación del Tratado de Extradición era improcedente e ilegal.
Redondo argumentó que el Congreso Nacional no tiene facultades para decidir sobre política exterior, ya que esta es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 245, numeral 12, de la Constitución.
“La congresista está solicitando que se violenten esos límites. Y como siempre lo he sostenido, en mi condición de presidente del Congreso Nacional no permitiré ninguna moción que violente la Constitución, que usurpe funciones de otro poder del Estado o que pretenda dar golpe de Estado. Condeno el pretender usar el Congreso Nacional engañando al pueblo hondureño”, expresó Redondo.
La sesión parlamentaria fue suspendida luego que Mena insistiera en presentar su moción, la cual, según reportes, contaba con el respaldo de 73 congresistas de diferentes bancadas, aunque no se precisaron cuáles
Tras la decisión de Redondo, la diputada Mena reaccionó en el noticiero Matutino de TN5, donde criticó su postura y lo acusó de favorecer al crimen organizado.
“Con la acción de ayer, son cómplices del crimen organizado. No nos pueden pedir que tengamos confianza. El pueblo hondureño quiere que la extradición continúe y que se lleve a los capos de la droga, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcan”, manifestó Mena.
Tratado de Extradición
El 28 de agosto de 2024, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro denunció el Tratado de Extradición con Estados Unidos en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu.
La controversia surgió tras la reunión de autoridades hondureñas con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
El canciller Eduardo Enrique Reina justificó la revocación del tratado, que finalizará el próximo 28 de febrero, argumentando que podría ser utilizado como un arma política para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por razones ajenas al narcotráfico.
Desde su implementación en 2014, más de 50 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión, y su hermano Antonio Hernández, sentenciado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.
