Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez señaló que la falta de apoyo del Congreso Nacional en lo que respecta al estado de excepción ha sido crucial para la lucha contra la criminalidad en el país.
Sánchez destacó que el Congreso ha respaldado en contadas ocasiones esta medida y en más de una oportunidad se ha intentado quitar, a pesar de los logros obtenidos.
El estado de excepción, vigente en Honduras desde diciembre de 2022 ha sido ampliado en 18 ocasiones, aunque muchas de estas prórrogas no han sido ratificadas por el Parlamento.
Por tal razón, el titular de Seguridad calificó como “vital” que esta medida continúe, asegurando que antes de que expire solicitarán una nueva extensión.
Sánchez resaltó que 2024 fue el año con menos homicidios en las últimas dos décadas, así como el periodo con mayores capturas de criminales con fines de extradición, incautación de miles de armas y toneladas de cocaína a las organizaciones criminales.
Sin embargo, expresó que el Congreso ha sido reacio a apoyar la ratificación continua de esta medida, lo que ha generado dificultades en la lucha contra la violencia.
Por otra parte, mencionó que en el departamento de Colón, en la zona caribeña del país, las muertes violentas persisten, en su mayoría a causa de las armas de fuego..
En 2024, Colón experimentó una disminución del 52% en la tasa de homicidios, aunque la violencia sigue siendo un desafío.
El ministro también abordó la situación de conflicto de tierras en la región, lo que contribuye a la violencia y en respuesta, el Gobierno ha movilizado más de 300 agentes, vehículos tácticos y tecnología policial para reforzar el control en la zona.
Reformas y medidas
Sánchez también mencionó que, en el marco del Consejo de Defensa y Seguridad, se están promoviendo reformas significativas, como la calificación de los miembros de maras y pandillas como terroristas, así como la implementación de nuevas medidas biométricas para combatir la extorsión, mediante el uso de chips y dispositivos móviles.
Finalmente, el ministro respondió a las preguntas sobre la retirada de seguridad a altos funcionarios del Estado, aclarando que cualquier cambio en los esquemas de seguridad debe basarse en un análisis de riesgo, y si se determina que es necesario, se les otorgan sin problema.
