Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) informó este lunes que únicamente 374 de los 5,871 aspirantes a cargos públicos de cara a las elecciones primarios de marzo han cumplido con la apertura de una cuenta bancaria ante este ente, como lo exige la Ley de Fiscalización Electoral.
Según los comisionados de la UFTF, esta baja tasa de cumplimiento, que representa apenas el 5.99% de los candidatos, supone un desafío importante para garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas y prevenir la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral.
El comunicado de la UFTF señaló que se ha completado la verificación y actualización de los listados de movimientos internos, precandidatos y alianzas políticas que cuentan con la acreditación de una cuenta bancaria diferenciada, como lo estipula el Artículo 11 de la Ley de Fiscalización Electoral.
“Hasta la fecha, hemos identificado que únicamente 374 sujetos obligados han cumplido con este requisito, lo cual es preocupante considerando la importancia de este mecanismo para asegurar la trazabilidad de los fondos utilizados en las campañas electorales”, reza parte del escrito.
Riesgos para la transparencia electoral
Los comisionados alertaron que este incumplimiento podría dificultar las investigaciones sobre el origen de los fondos de campaña, aumentando el riesgo de que recursos provenientes de actividades ilícitas puedan influir en el proceso electoral.
La UFTF instó a los aspirantes y movimientos políticos a regularizar su situación lo antes posible, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en sanciones legales.
Por tal razón, el organismo enfatizó la importancia de que los partidos y candidatos cumplan con los requisitos establecidos para fortalecer la transparencia y confianza en el sistema electoral hondureño.
Con los comicios primarios cada vez más cerca, la falta de cumplimiento con este requisito plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para fiscalizar adecuadamente las campañas y garantizar elecciones libres de influencia ilícita.
