Honduras, EFE. – Indígenas de la etnia misquita de Honduras aseguraron tras un mes de protestas que no se rendirán en su lucha por evitar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en sus territorios.
“Son 31 días de resistencia contra la cárcel de Xiomara Castro y no nos vamos a rendir”, dijo Mirna Wood, líder de indígena de la etnia misquita, en un video divulgado en las redes sociales.
La etnia misquita hondureña se opone a la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia en Mocorón, departamento de Gracias a Dios, en el este del país, fronterizo con Nicaragua.
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En Mocorón funciona desde el siglo pasado un batallón de infantería de las Fuerzas Armadas del país centroamericano.
“Si creen que porque estamos bajo la lluvia, mal dormidos y mal comidos nos vamos a rendir, pues estas muy equivocada Xiomara Castro, ahora más que nunca estamos firmes y más unidos para luchar contra esa cárcel”, subrayó Wood.
La líder indígena anunció que en enero próximo se trasladarán a Tegucigalpa, la capital, para aumentar las «medidas de presión» y lograr que el Gobierno desista de construir la cárcel, que inicialmente sería para 2.000 reclusos.
“A partir de enero se activan todos los conocimientos ancestrales en cuanto a la defensa, como pueblos indígenas que somos”, enfatizó la indígena, quien afirmó que el pueblo misquito está «en guerra» contra la cárcel en Mocorón.
El anuncio de que la prisión será construida en Mocorón lo hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, luego de una inspección del terreno, acompañado de la secretaria de Defensa, Rixi Moncada.
Según la institución castrense, se trata de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Defensa, cuya titular, Rixi Moncada, busca ser la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, esposo y asesor de la presidenta hondureña.
En 2023 la presidenta hondureña anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe, y otra entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20.000 personas de alta peligrosidad.
La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne, a lo que se han opuesto grupos ambientalistas, entre otros, por el daño que causaría a esa reserva marina nacional, ha sido declarada nula en tres ocasiones, por no haber calificado las dos de las tres empresas que participaron, por no reunir requisitos bancarios.
