Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público anunció este lunes una serie de acciones legales contra diversos funcionarios y exfuncionarios acusados de malversación y desvío de fondos, incluyendo a la diputada nacionalista por La Paz, Gladis Aurora López, y al excomisionado de Copeco, Lisandro Rosales.
A través de las fiscalías del Circuito Anticorrupción, se presentaron requerimientos fiscales y se ejecutaron órdenes de captura contra exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares. Estas personas son señaladas de causar graves perjuicios económicos al Estado hondureño.
COMUNICADO MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, a través de las fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó requerimientos fiscales y ejecuta órdenes de captura en el marco del Día Internacional contra la Corrupción para exfuncionarios de Gobierno, una congresista, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares que cometieron perjuicio contra el Estado hondureño.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal contra la diputada Gladys Aurora López por el delito de malversación por uso diferente, junto con otra tres personas, entre ellos dos ex funcionarios de la ENEE.
Las investigaciones revelan que la congresista gestionó un proyecto de energía en estatal eléctrica para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, que ya contaba con alumbrado público.
Sin embargo, se le dio un uso diferente al propósito original, siendo utilizado para un proyecto privado ubicado en San Pedro Sula.
Mientras que, Norma Agripina García, Secretaria Municipal de Tocoa, Colón, es acusada de falsificar una certificación del acta de un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016, para incluir información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el propósito de obtener una licencia ambiental de forma ilícita.
Se acusa por concusión a Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, por utilizar a privados de libertad y menores infractores, quienes debían realizar trabajos comunitarios, para trabajar en la construcción de su casa.
Por otro lado, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusación contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2016-2023 por el delito de prevaricato judicial.
Esto contra el juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros; Carlos Manuel López Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (SIDUNAH) y varios particulares, por formar parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios mediante un fraude ejecutado a través de resoluciones arbitrarias, cuyos fondos posteriormente fueron a parar a cuentas personales.
Adicionalmente, la FEES-SJ inició causas penales contra empleados del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional por diversos delitos.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó también requerimiento fiscal contra Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de COPECO, junto a varios exfuncionarios y representantes de empresas privadas por el desvío de fondos en la construcción de puentes dentro del programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 18 millones de dólares.
Además, se acusó a Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara por lavado de activos, acusándolos de dar apariencia lícita a fondos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Estas acciones están alineadas con la visión de un MP renovado, comprometido con combatir la corrupción, un flagelo que drena fondos públicos y obstaculiza el desarrollo del país. Cabe destacar que las órdenes de captura se ejecutaron por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en conjunto con otras fuerzas de seguridad.
