Gracias a Dios, Honduras.- Miembros de la etnia misquita se manifestaron frente al Quinto Batallón de Infantería en Mocorón, Gracias a Dios para rechazar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en sus territorios ancestrales.
El presidente del Consejo Territorial de la Federación de Indígenas Nativos de la Zona Mocorón Segovia, Avilés Murphy, que representa a 23 comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua, calificó como “lamentable” la decisión del gobierno de construir el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una región habitada históricamente por pueblos indígenas.
“Es rotundamente no. No permitiremos que se construya esta prisión en nuestras tierras”, expresó Murphy, señalando que las comunidades no han sido consultadas, en violación del Convenio 169 de la OIT.
Además, destacó que la construcción generará un impacto ambiental negativo en La Mosquitia, una región caracterizada por su biodiversidad y abandono estatal.
La protesta ha sido respaldada por la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), que calificó el proyecto como un “ecocrimen”.
Según el grupo ambientalista, el plan amenaza los derechos de las comunidades originarias y pone en peligro los ecosistemas locales.
Por su parte, la diputada Erika Urtecho, originaria de La Mosquitia, criticó el proyecto, indicando que “los misquitos necesitan hospitales y escuelas, no cárceles”.
Agregó que la prisión solo traerá conflictos a una región que necesita soluciones urgentes a problemas históricos como la falta de acceso a servicios básicos.
El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, defendió el proyecto afirmando que la cárcel se construirá en terrenos de las Fuerzas Armadas y no en tierras indígenas.
“Respetaremos los territorios ancestrales y no causaremos daño ambiental”, aseguró.
Sin embargo, líderes indígenas y ambientalistas cuestionan esta afirmación y denuncian que los militares han ocupado tierras tradicionalmente misquitas.
La construcción del CRE forma parte de una estrategia del gobierno de Xiomara Castro para fortalecer la seguridad nacional y combatir el crimen organizado, albergando a reclusos de alta peligrosidad en instalaciones alejadas de los centros urbanos.
En 2023, la presidenta anunció proyectos similares en las Islas del Cisne y entre Olancho y Gracias a Dios, pero estas iniciativas han enfrentado críticas y retrasos, incluida la oposición de grupos ambientalistas por los posibles daños a reservas naturales.
