Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó hoy una denuncia formal ante el Ministerio Público señalando irregularidades en las compras directas de medicamentos realizadas por la Secretaría de Salud.
Según Alejandra Fuentes, asesora legal de ASJ, las adquisiciones presentan costos elevados y sobrecostos, poniendo en riesgo la eficiencia y transparencia de los procesos de compra.
“Hemos detectado irregularidades en las compras directas realizadas por la Secretaría de Salud con costos elevados en los medicamentos”, afirmó Fuentes, quien solicitó una investigación.
En un reciente informe de ASJ, en el proceso de compras de 2023 se identificaron inconsistencias y sobrecostos que superan los 95 millones de lempiras, afectando el suministro de medicamentos esenciales para la población más vulnerable.
Los datos revelan que algunos medicamentos fueron adquiridos con sobreprecios de hasta un 500 % en comparación con compras previas.
La situación se agrava debido a la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos en 2022, lo que ha obligado al gobierno a realizar compras directas bajo el estado de emergencia sanitaria decretado desde 2022 y prorrogado hasta 2024.
En el proceso LPN-08-2023, de los 383 medicamentos solicitados, solo 252 fueron adjudicados, mientras que 34 quedaron desiertos y 97 fueron rechazados por incumplir requisitos técnicos, financieros o legales.
Esta situación afecta especialmente a medicamentos críticos para enfermedades graves como el cáncer y problemas cardíacos, los cuales no fueron adjudicados, aumentando el riesgo de desabastecimiento.
El informe también revela que el 52 % de los medicamentos adquiridos en 2023 tuvo un precio más alto en comparación con compras directas de años anteriores, lo que destaca la necesidad de mejorar la eficiencia y la competitividad en los procesos de contratación.
Fuentes instó al Ministerio Público a tomar acciones administrativas y penales contra los responsables, argumentando que estos sobrecostos y retrasos impactan directamente en el derecho a la salud de los hondureños.