Tegucigalpa, Honduras.- Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), fue enviado al centro penal de Támara tras emitirse una medida de detención judicial en su contra por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos.
La acusación está vinculada a la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que habría generado un perjuicio económico de más de 63 millones de lempiras, según informó el Ministerio Público.
Los ventiladores adquiridos durante el periodo 2018-2022, cuando Rubí ocupaba el cargo de titular de Copeco, nunca llegaron a funcionar debido a su mal estado, lo que agravó la crisis en el sistema de salud en un momento crítico.
Previo a su presentación ante los juzgados, Rubí emitió un comunicado expresando su sorpresa ante las acciones legales en su contra.
“Me sorprende la acción del Ministerio Público y Poder Judicial de presentar este requerimiento fiscal, ya que siempre he actuado con total transparencia”, afirmó.
En su comunicado, Rubí reiteró su disposición de colaborar con las autoridades. “Me presentaré voluntariamente ante las autoridades, con la frente en alto, una vez que junto a mi equipo legal, garantice que el proceso sea justo e imparcial, respetando mis derechos constitucionales y mi derecho a la presunción de inocencia”.
Este caso también menciona a otros exfuncionarios hondureños, entre ellos Lisandro Rosales, excanciller de la República, y Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York, quienes también enfrentan cargos relacionados con la compra irregular de los ventiladores.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente debido al contexto de la emergencia sanitaria y las posibles implicaciones de corrupción en la adquisición de equipo médico esencial.
