Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2024.- El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) emitió requerimiento fiscal con orden de captura inmediata contra varios exfuncionarios del Gobierno, correspondientes al periodo 2018-2022.
Según el MP, los acusados son Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); y Jessica Canahuati Farah, ex cónsul de Honduras en Nueva York, junto a otros exfuncionarios.
Todos enfrentan cargos por causar un perjuicio económico de más de 63 millones de lempiras al país, producto de la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Según detalla el MP, los ventiladores adquiridos en el marco de la crisis sanitaria nunca llegaron a funcionar, pues fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su correcto uso, lo que impidió su implementación en los hospitales del país.
Las investigaciones señalan que los involucrados aprovecharon la emergencia sanitaria para manipular el proceso de adquisición de los equipos, realizando transferencias bancarias sin la documentación correspondiente y omitiendo los procedimientos oficiales de recepción de los productos.
Este esquema de corrupción habría agravado la crisis hospitalaria en el país, ya que en ese periodo se reportaron miles de muertes por la falta de oxígeno y equipo adecuado para los pacientes graves de COVID-19.
Actualmente, los ventiladores adquiridos permanecen inservibles y almacenados en bodegas del Estado, mientras las autoridades siguen ampliando las investigaciones para determinar la extensión de los daños causados por este fraude.
