Colón, Honduras.- El Comité por la Defensa de Bienes de Tocoa denunció públicamente el asesinato de Juan López, un activista ambiental comprometido con la protección de los recursos naturales de la región.
En una conferencia de prensa, el comité responsabilizó al Ministerio Público (MP) presuntamente por ignorar las denuncias sobre las amenazas que López había recibido, las cuales no fueron atendidas oportunamente.
“Nuestro compañero fue vilmente asesinado”, expresó el comité pues López no buscaba protagonismo en su lucha, sino que trabajaba de manera desinteresada por el bienestar de su comunidad.
El asesinato ha generado indignación, ya que ocurrió solo dos días después que López y otros dirigentes exigieran la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, una situación que despertó sospechas y alarma entre la comunidad, que ahora exige una investigación imparcial.
El comité pidió que la Municipalidad no interfiera en las investigaciones del crimen, dejando claro su desconfianza hacia las autoridades locales.
Por tal razón, instaron al Estado de Honduras a asumir su responsabilidad en la protección de los defensores del medio ambiente, destacando que la labor de estos activistas no solo beneficia a sus comunidades, sino al país entero.
En respuesta a la denuncia, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, aseguró que el asesinato de López será investigado a fondo y prometió que no habrá protección para ningún político que pudiera estar involucrado en el caso.
El crimen ha sido condenado por autoridades como la presidenta Xiomara Castro y su asesor presidencial, Manuel Zelaya.
De igual manera, el sacerdote de Tocoa, Carlos Orellana condenó el asesinato y lo vinculó con intereses políticos y económicos relacionados con la minería en la región.
Durante una misa, Orellana señaló al alcalde de Tocoa, acusándolo de tener vínculos con narcotraficantes, según un video difundido recientemente en redes sociales.
El Comité por la Defensa de Bienes de Tocoa reiteró su demanda de justicia y exige que se garantice la seguridad de los demás activistas en riesgo, para evitar que el asesinato de López quede impune.
