Tegucigalpa, Honduras.- La ministra de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizeth Coello, confirmó que los menores afectados por supuestos abusos en la casa hogar “Corazón a Corazón” en Tegucigalpita, Omoa, Cortés están bajo protección desde que se recibieron las denuncias hace cuatro meses.
Desde el momento de la denuncia, SENAF tomó medidas inmediatas para salvaguardar a los niños afectados. Coello detalló que 35 menores fueron trasladados a un centro más seguro, donde permanecen bajo medidas de protección.
“Hasta el día de hoy, están con nosotros bajo medidas de protección y hemos establecido comunicaciones con sus familiares”, afirmó la ministra durante una entrevista radial.
Las indagaciones revelaron que los menores se encontraban en la casa hogar debido a las dificultades económicas de sus padres para proporcionarles educación.
La SENAF optó por no hacer declaraciones públicas anteriormente para no entorpecer la investigación en curso.
Sin embargo, se ha enfatizado la necesidad de acelerar las investigaciones en casos que involucran a menores, por lo que, se realizó una visita al fiscal general para reiterar esta necesidad.
Coello informó que ya se han emitido órdenes de captura por parte del Ministerio Público, incluyendo al director del centro educativo denunciado. Sin embargo, no proporcionó más detalles, indicando que “eso le corresponde a la Fiscalía llevar a término el proceso”.
El caso ha resurgido tras las investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que destacan el estado de indefensión de muchos niños y niñas en el país, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Estas investigaciones han puesto de relieve la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección y apoyo a los menores.
Recientemente, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que los menores de la casa hogar ‘Corazón a Corazón’ ubicada en Omoa sufrían malos tratos, trabajos forzados e incluso abuso infantil sexual, por parte de Óscar Bernardo Serrano Barahona, director del centro.
“Los delitos que se le imputan a este tipo, son trata de personas en modalidad de trabajo forzado, adopción irregular, violación continuada y aborto en el grado de ejecución de tentativa” dijo Nelson Castañeda, director de seguridad jurídica de la ASJ.
El caso anterior es solo un ejemplo del análisis presentado por la organización de sociedad civil que reveló la complejidad de los menores de edad que permanecen bajo el resguardo del Estado en centros de abrigo temporal.
Ante ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), pidió a las autoridades que investiguen y cumplan con la responsabilidad de velar por los intereses de los niños.
