Tegucigalpa, Honduras.- El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, del Partido Libertad y Refundación (Libre), informó hoy que no se han establecido acuerdos ni votos para aprobar temas importantes como la Ley de Justicia Tributaria, las enmiendas a los contratos de energía y las reformas en el Código General solicitadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Esta falta de consenso podría sugerir la ausencia de sesiones durante todo el segundo semestre, ya que estos temas son prioritarios en la agenda legislativa.
“No tener acuerdos sobre estos temas no significa que se impedirá la reanudación de las sesiones” aclaró Pino, al mismo tiempo que indicó que, dependiendo de los avances y consensos logrados en las comisiones, la próxima semana podría estar listo el proyecto de las enmiendas a los contratos de energía para su presentación en el pleno.
El diputado también abordó la preocupación que los textos entregados a los diputados sobre las enmiendas a los contratos de energía difieren de los publicados en el sitio web de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Específicamente, mencionó que el contrato con Brazavola no ha sido publicado y en su lugar, el contrato de Comercial Light fue divulgado. Pino aseguró que las enmiendas que se están discutiendo en el Congreso son las mismas que se dieron a publicidad.
“La Comisión de Energía dio a publicidad las enmiendas que se presentaron al Congreso Nacional, y sobre esas enmiendas estamos trabajando”, afirmó.
La falta de acuerdos también se ve afectada por el cambio en las alineaciones partidarias. Diputados han pasado al Partido Liberal y algunos se han declarado independientes, complicando los consensos necesarios.
Esta situación se refleja tanto en el Partido Libre como en el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional, donde también hay diferencias internas. A pesar de esto, Pino confía en alcanzar los 65 votos necesarios para aprobar las leyes en las próximas semanas.
En cuanto a los contratos de energía, Pino subrayó que la atención pública se ha centrado en el contrato con Brazavola, aunque hay otros contratos, incluyendo uno con una empresa extranjera que no ha comenzado operaciones, que no han sido discutidos públicamente. Este contrato, cuyo valor es de $150,000, también está siendo analizado por la comisión.
“Estamos haciendo un análisis muy serio de los aspectos financieros y legales de todos los contratos, no solo de Brazavola”, concluyó Pino.
Las declaraciones del vicepresidente del Congreso Nacional subrayan la complejidad de la situación actual y la necesidad de encontrar consensos para avanzar en temas cruciales para el país.
