Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), fue declarado culpable por su participación en la fraudulenta compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.
Las investigaciones del Ministerio Público indicaron que Guevara Mondragón fue condenado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, debido a la adquisición irregular de 474 mil mascarillas entre abril y mayo de 2020.
La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el 1 de agosto de 2024, donde el Ministerio Público pedirá la pena máxima contra Guevara Mondragón.
Se conoció también sobre otros involucrados, prófugos de la justicia, por esta irregular compra superior a los 39 millones de lempiras, se trata de la especialista administrativa y financiera, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De esa forma, las investigaciones revelaron que esta transacción violó los procedimientos legales y administrativos pertinentes y no cumplió con los requisitos establecidos para la compra.
La investigación determinó que Marco Bográn, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios simularon que la venta estaba siendo realizada por Germar Ferretería.
Sin embargo, se descubrió que los funcionarios buscaban beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero. Tras el pago efectuado por Invest-H a Germar Ferretería, esta empresa emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor de Lagos Romero.
Por este fraude, Marco Antonio Bográn Corrales recibió una pena de seis años de reclusión, una multa equivalente al monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
Entretanto, Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de Invest-H, fue condenado únicamente por violación de los deberes de los funcionarios, con una inhabilitación especial de cuatro años y seis meses.
