Tegucigalpa, Honduras. Luego que la exministra de Salud, Rocío Isabel Tábora, no compareció a la audiencia ha doc, donde se le notificaría formalmente lo dictado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de revocar las medidas distintas a la prisión preventiva, el Ministerio Público pidió se declarara en rebeldía y solicitó la orden de captura contra la exfuncionaria, dictando un juez «con lugar» la petición de los fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
El pasado 16 de enero el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva debido al delicado estado de salud de la exministra.
Sin embargo, debido al trabajo especializado de los fiscales la Corte de Apelaciones dio la razón al Ministerio Público al revocar las medidas.
La exfuncionaria es supuestamente responsable de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios en el fraude de los hospitales móviles comprados durante la pandemia del COVID-19.
Cabe recordar que el Estado de Honduras compró siete unidades hospitalarias construidas en Turquía, pero de acuerdo a dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas, no se reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus COVID-19.
Lo que ocasiono enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público que se ha visto afectado por el orden de cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro solraes americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a un monto aproximado de mil ciento setenta y cuatro millones, quinientos diecisiete mil setecietos sesenta y cuatro lempiras, con treinta centavos (L. 1,174,517,764.33).
Por este mismo caso, el MP logró en mayo del 2022 sentencias condenatorias contra el exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn, quien fue condenado a 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles.
Bográn fue penado por el tribunal de sentencia en materia de corrupción, que además resolvió que el acusado deberá pagar una sanción de 1,475 millones de lempiras (47,5 millones de dólares), más una inhabilitación para no ejercer en la administración pública por el doble de la condena recibida.
El mismo tribunal de sentencia en materia de corrupción resolvió inhabilitar por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público, al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, acusado de cometer a título de autor el delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios.
Es preciso destacar que son coimputados, aún prófugos de la justicia, la extitular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios; la ex viceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
