Tegucigalpa, Honduras. – Durante 2022 y 2023 siete departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de, al menos, 30 defensores de la tierra, de los territorios y del medio ambiente, la mayoría de ellos en circunstancias impunes reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH).
En el marco del Día Mundial de la Tierra, el coordinador de la Defensoría de los Pueblos Indígenas, Afrohondureños y del Ambiente del CONADEH, Frank Cruz declaró que, en esta fecha especial, es importante reconocer la labor que realizan los lideres de los pueblos originarios y los campesinos en la defensa de la tierra, los territorios y el medio ambiente.
Indicó que, en los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares.
Muchos defensores son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, y hostigamiento.
Según datos de la institución, alrededor de 15 perdieron la vida de forma violenta en el departamento de Colón, siete en Yoro, tres en Atlántida, dos en Olancho, uno en Lempira, uno en Choluteca y uno en Intibucá.
El defensor de los derechos humanos considera que es deber del Estado hondureño garantizar espacios seguros en la defensa y la promoción de la tierra, el territorio y el medio ambiente y proteger la integridad y la vida de los defensores y miembros de su familia.
Urge una investigación exhaustiva
Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, exhortó al Estado hondureño a realizar una investigación exhaustiva, bajo los estándares del debido proceso y la debida diligencia, para evitar la impunidad de estos hechos que atentan contra la integridad y la vida de las personas defensoras de la tierra, del territorio y del ambiente.
Para los defensores de derechos humanos, la impunidad que impera en el país es alarmante, y solicitan al Estado una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de la tierra.
Asimismo, entre los años 2016 y 2022, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH identificó 107 quejas de las cuales 39 fueron presentadas por personas de la comunidad garífuna, 23 por lencas, 19 miskitos, 12 Pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo Maya Chortí.
Estas poblaciones, han estado en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, por causas asociadas al despojo de tierras, usurpación de propiedad, lesiones, amenazas y asesinatos.
