San Pedro Sula.-Al centro penitenciario de Támara fueron remitidos los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acusados presuntamente por el robo de 13 millones de lempiras luego que una jueza de Letras decretara detención judicial en su contra.
Los imputados son acusados por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
Los siete agentes policiales a los que se les aplicó esta medida cautelar son Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luis Gustavo Martínez Estrada, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa.
“La jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, ante la gama de delitos planteados, la gravedad de las posibles penas a imponer, la capacidad que tienen para interferir en el proceso o atentar contra las víctimas o autoridades, consideró que deben cumplir el término de la ley para inquirir en el Centro Penitenciario de Támara”, establece el comunicado de prensa acerca de la resolución.
De acuerdo con investigaciones, los agentes policiales llegaron en dos vehículos policiales a una casa en la residencial Los Alpes de San Pedro Sula, el pasado 29 de diciembre de 2023, antes de las 6 de la mañana.
Consecuentemente, el informe detalló que, sin orden judicial ni administrativa, rompieron el portón de la vivienda y se dirigieron directamente el dormitorio donde se encontraba una caja fuerte.
Según el informe de las autoridades, en la caja fuerte habían guardados más de 13 millones de lempiras y unas 240 tarjetas de débito pertenecientes a clientes de una empresa.
Por otra parte, el informe refirió que los policías acusados también se llevaron relojes, lociones, joyas y un maletín con 460 mil lempiras en efectivo más.
Según las autoridades, hasta ahora se desconoce el paradero de la caja fuerte y de todo lo robado.
Durante su traslado a la audiencia ocurrieron una serie de incidentes con la prensa de la zona norte, un camarógrafo fue limitado a ejercer sus funciones por lo que desde el Colegio Hondureños de Periodistas se exigió respeto y protección de todos los periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y demás colaboradores.
