Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) informó que en Honduras se registraron 48 homicidios múltiples, también conocido como masacres que dejaron 220 muertos en el contexto del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.
“Honduras fue escenario de casi medio centenar de masacres que dejaron como saldo al menos 220 muertos y decenas de heridos, muchos de esos casos aún en la impunidad, lo que agrava más las violaciones a los derechos”, subrayó el Conadeh en un comunicado.
Solo en diciembre de 2022, cuando el Gobierno hondureño declaró el estado de excepción para reducir los índices de violencia, el país centroamericano registró cinco masacres que causaron 20 muertes, ampliaron.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, el organismo de derechos humanos registró al menos 43 asesinatos múltiples que dejaron un aproximado de 200 personas muertas, entre ellos 75 mujeres y casi una docena de menores.
En ese mismo año, 13 de los 18 departamentos de Honduras figuraron entre los más violentos del mundo, sin vivir en guerra, fueron escenario de múltiples asesinatos “una estela de luto y dolor en casi medio centenar de familias hondureñas” según el organismo.
Además, las cifras arrojaron que junio pasado es el mes con mayor cantidad de masacres, con 11 entre ellas, la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) durante una reyerta.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo que el Estado “incurre en responsabilidad” por la falta de una investigación efectiva que permita identificar a los autores de la muerte de 46 mujeres en esa cárcel.
Se conoció que 23 de ellas fueron acribilladas con armas de fuego y blancas y las 23 restantes calcinadas en un incendio, atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Los responsables de la “peor masacre” registrada en Honduras “no han sido identificados, procesados, ni castigados”; Izaguirre instó a las autoridades a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de “debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos”.
