Tegucigalpa – En el transcurso de 2023, la actual Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras ha destinado L.112 millones en subvenciones, según datos alarmantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Este organismo ha destacado que, de esta suma, más de tres millones fueron desembolsados en octubre pasado, generando inquietud debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas asociada.
Cristián Nolasco, auditor del CNA, resalta: «Más allá de la cifra impactante, es la opacidad en la gestión de estos fondos lo que resulta verdaderamente preocupante. Aunque se asegura que los diputados que reciben estas subvenciones deben rendir cuentas, esta información no llega de manera efectiva a la ciudadanía».
En el ámbito político, la oposición ha denunciado recientemente la anticipada entrega de un «bono navideño» de L.300 mil a cada diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, los representantes de este partido defienden esta práctica, explicando que las subvenciones deben ser solicitadas y liquidadas por los parlamentarios bajo la amenaza de deducción salarial en caso contrario.
Luz Angélica Smith, prosecretaria del Congreso Nacional, subraya: «El uso de los fondos públicos debe ser transparente, y los congresistas deben asumir la responsabilidad de liquidar las subvenciones de manera adecuada».
La sociedad civil, a través de sus veedores, sostiene que estas subvenciones se asemejan a un «Fondo Departamental» encubierto, utilizado por el partido de Gobierno para ganar la lealtad de los congresistas.
Sin embargo, la diputada Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) va más allá, calificando estas subvenciones como «ilegales». Argumenta que la Constitución de la República exige una ley especial para regularlas, y en este momento, no existe tal normativa. Espinoza advierte sobre el riesgo de tomar estos fondos sin respaldo legal, señalando un presunto abuso de autoridad por parte de las autoridades legislativas.
