Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente del Congreso Nacional por una parte y por otra la oposición autoconvocada designaron este martes comisiones paralelas para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo que representa la división que existe en el Legislativo.
Según detalló el Congreso Nacional, la convocatoria oficialista de una comisión especial para evaluar a los aspirantes a magistrados del TSC para el período 2023-2030 incluye a diputados de todos los partidos políticos con el fin de recibir las hojas de vida entre 27 de noviembre y el 4 de diciembre.
En esta comisión se nombró a Luz Smith, Rafael Sarmiento, Isis Cuéllar, Luis Ortega y Mario Portillo, de Libertad y Refundación (Libre); Mario Segura y Héctor Cerrato del Partido Liberal, Ricardo Jaar por el Partido Nacional.
De igual manera, a Román Morán del Partido Salvador de Honduras (PSH); Karen Martínez del Partido Anticorrupción (PAC); y Carlos Raudales de la Democracia Cristiana (DC).
Simultáneamente, la oposición autoconvocada, integrada por los partidos Nacional, Liberal y PSH también formaron una comisión para examinar requisitos y presentar al pleno legislativo la nómina de candidatos.
Esta comisión cuenta con Valeska Velenzuela, Kathia Crivelli y Rumy Bueso del Partido Liberal; Eder Mejía, Tania Pinto y Teresa Calix del Partido Nacional; Rafael Sarmiento, Silvia Ayala y Luz Smith de Libre y Osman Chávez, Suyapa Figueroa y Carlos Umaña del PSH.
Los requisitos para los aspirantes a magistrados del TSC incluyen ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años, ciudadano en ejercicio de sus derechos, reconocida honradez, y poseer título universitario en áreas económicas, administrativas, jurídicas o financieras.
La elección de las nuevas autoridades del TSC para el período 2023-2030 requiere 65 votos, y los actuales magistrados dejarán sus cargos el próximo 6 de diciembre.
Lo anterior solo evidencia la crisis política y división dentro del Hemiciclo luego que de la Comisión Permanente nombrada el 31 de octubre y la extensión del periodo de sesiones aprobada por más de 65 diputados de la oposición.
El conflicto se agravó el 1 de noviembre cuando la Comisión Permanente designó interinamente a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.
Esta acción, basada en el artículo 208 de la Constitución, es cuestionada por la oposición que solicitó mediación internacional y de la sociedad civil de cara a la inauguración de la tercera legislatura el 25 de enero de 2024.
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