Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras anunció la prórroga del «estado de excepción parcial» hasta el 1 de enero de 2024, mediante el PCM 46-2023, publicado en el diario oficial La Gaceta. Esta medida, en vigor desde diciembre de 2022, abarca 158 municipios con el objetivo de contrarrestar la violencia ligada a estructuras criminales.
Desde su implementación, el estado de excepción ha permitido al Gobierno abordar directamente la inseguridad generada por el tráfico de drogas ilícitas, maras y pandillas. Las operaciones focalizadas en los municipios más afectados han contribuido a reducir las víctimas mortales, disminuyendo de 2,761 en 2022 a 2,306 hasta octubre de 2023, según cifras oficiales.
A pesar de los avances, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha registrado 286 quejas desde el inicio del estado de excepción. Este decreto ejecutivo, que suspende ciertas garantías constitucionales, ha permitido a la Policía Nacional y a las fuerzas de seguridad abordar de manera específica la violencia en los municipios más afectados.
La situación económica también se ve afectada, con muchos empresarios siendo obligados a cerrar o trasladarse internamente debido al «impuesto de guerra» impuesto por pandilleros. El transporte, especialmente los conductores de autobuses y taxis, ha sido particularmente vulnerable, contribuyendo al promedio diario de entre diez y quince muertes relacionadas con la violencia criminal en Honduras.
Este prolongado estado de excepción busca abordar de manera integral estos desafíos, suspendiendo temporalmente ciertas libertades constitucionales en aras de restaurar la seguridad y estabilidad en el país centroamericano.
