Tegucigalpa – Tribunal hondureño este jueves declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional. Estos exagentes, que fueron arrestados en octubre de 2021, fueron declarados culpables de tráfico de drogas, un delito que podría resultar en condenas de entre 15 y 20 años, según la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Los expolicías Erick Xavier Velásquez, Edgar Misael Velásquez, José Luis Cano, Josué de Jesús Perdomo, Miguel Ángel Zúñiga, Saúl Alberto Zúñiga y Fredy Antonio Sosa fueron hallados responsables de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población y del Estado de Honduras, según el Poder Judicial, que comunicó la noticia a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
Este veredicto fue dictado de manera unánime por la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional, y se ha programado una audiencia de individualización de penas y sentencia para el 9 de noviembre.
Destaca que el exagente policial Fredy Antonio Sosa se declaró culpable por el delito de portación ilegal de arma de fuego, lo que agrega un elemento adicional a este caso.
Estos siete expolicías fueron arrestados junto a dos civiles el 9 de octubre de 2021 en una operación realizada en el departamento de Olancho, en la región oriental del país, bajo cargos de tráfico de drogas. Durante la operación, dirigida por el entonces director general de la Policía hondureña, Orbin Galo, las autoridades incautaron a los detenidos dos vehículos, dos mochilas con supuesta droga y las armas de reglamento de los exagentes.
La portavoz del Supremo hondureño, Lucía Villars, informó que los expolicías habían confiscado ilegalmente alrededor de 19 kilos de cocaína a una estructura criminal en octubre de 2021, con la intención de venderla posteriormente.
Este veredicto se produce en un contexto en el que más de 5,000 agentes, incluyendo seis generales, han sido retirados de las filas de la Policía de Honduras desde 2016 como parte de un proceso de depuración en la institución. Esta decisión se ha tomado debido a casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos. A pesar de que la depuración teóricamente comenzó en 2011, su ejecución había sido obstaculizada por falta de voluntad política, según diversas opiniones.
