Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, arremetió contra los legisladores del Congreso Nacional, a quienes calificó de «parásitos» por obstruir el avance de la justicia desde el Ministerio Público. Según Castellanos, la elección tardía tanto del fiscal general como del fiscal adjunto ha llevado a una parálisis en la implementación de la justicia en Honduras.
«Lo que tenemos en el Congreso Nacional son legisladores y legisladoras parásitos que tienen congelada la implementación de justicia del Ministerio Público», declaró Castellanos. Lamentó esta situación y aseguró que no cesarán en su denuncia hasta que se logre la elección de estas autoridades.
La directora del CNA también expresó su decepción por la falta de acción de la oposición, a pesar de la demanda de la población. Señaló que los «Legisladores parásitos» llevan más de 50 días sin sesionar, lo que ha resultado en una parálisis legislativa que afecta gravemente a la nación.
El Congreso Nacional tuvo su última sesión el 31 de agosto, y la parálisis legislativa ha continuado durante 54 días. Mientras tanto, los salarios, viáticos y gastos administrativos de los diputados siguen fluyendo, con una erogación mensual de más de L18 millones solo en salarios de los legisladores.
Los detalles de la nómina del Congreso Nacional muestran que el presidente gana mensualmente L151,911.00. Los tres vicepresidentes ganan L110,862 cada uno, mientras el cuarto y quinto vicepresidente devengan respectivamente L107,500.00. Los sexto y séptimo vicepresidentes ganan L104,500.00, seguidos de los vicepresidentes alternos que obtienen L102,500.00.
Incluso muchos diputados reconocen que la crítica de la población es válida, ya que cobran salarios sin trabajar, mientras la mayoría de los hondureños deben ganarse la vida con esfuerzo y dedicación, calculando cada hora de trabajo. La denuncia de Gabriela Castellanos arroja luz sobre una situación que requiere una pronta solución para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el acceso a una justicia efectiva en Honduras.
