Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este miércoles requerimiento fiscal en contra de ocho funcionarios, entre ellos, dos expresidentes de la República, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados de desvío de fondos públicos.
Según reza el comunicado que presentó el Ministerio Público (MP), la Uferco que encabeza la investigación, los imputa por hechos suscitados entre 2010 y 2013, cuando Porfirio Lobo era presidente de la República y Juan Orlando Hernández titular del Congreso Nacional.
Ambos exmandatarios son acusados de fraude, pero a Hernández también se le imputa el de lavado de activos por más de 62 millones de lempiras obtenidos de manera ilícita.
Además, el MP presentó requerimiento fiscal contra otros seis exfuncionarios, en una ampliación del caso conocido como “Pandora II”.
En ese contexto, se acusa al extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude.
Mientras que por violación a los deberes de los funcionarios y fraude se imputa al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina.
De igual manera, se acusa al director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.
Los ocho exfuncionarios “conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de L288,016,175.00 que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa”, reza parte del escrito.
La Uferco en su investigación encontró el expresidente Hernández conocido con el alias de JOH, obtuvo beneficios del desembolso de ciertas instituciones públicas a algunas fundaciones.
Se conoció que el exmandatario recibió el financiamiento de 62 millones de lempiras para su campaña política, previo a su primera elección como presidente.
Lo anterior se habría ejecutado a través de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales, fue como Hernández distribuyó los fondos de su campaña.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el también expresidente Lobo Sosa, la Fiscalía señaló que a “Pepe” se le acusa de haber autorizado el traslado de fondos de una secretaría a otra para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Mientras, Wilfredo Cerrato, desde Sefin, aprobó una ampliación de 35 millones que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.
Ante esto, la Uferco anunció que solicitará la citación, órdenes de captura y alertas migratorias para los diferentes imputados.
La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el expresidente Hernández, luego de cesar su cargo, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición que aún persiste pese a que el 21 de abril de 2022 fue extraditado a Estados Unidos tras ser solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos relacionados con el narcotráfico.
Expresidente Hernández detenido en febrero de 2022 y extraditado el 21 de abril en un avión de la DEA hacia los Estados Unidos
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