Tegucigalpa – Rafael Barahona, en su rol como comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ha reconocido un retraso en el desembolso del bono compensatorio pactado en abril de 2022, achacando esta demora a problemas administrativos derivados de la falta de orden en los informes presentados por los concesionarios.
No obstante, Barahona ha enfatizado que este retraso en los pagos no constituye una justificación para aumentar las tarifas o paralizar el servicio de transporte público en el país. Ha advertido que aquellos que opten por tomar estas medidas se expondrán a sanciones, incluyendo la revocación de sus permisos de operación y la cancelación del bono, diseñado para evitar incrementos desproporcionados en las tarifas, asegurando que estas no superen los L13 en autobuses y L20 en taxis.
Durante una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5, Barahona explicó: «La suspensión de este beneficio se llevaría a cabo para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a la población y para salvaguardar su derecho a la libre movilidad, tal como lo establece el decreto (78-2022) que instituye este bono compensatorio en el transporte urbano».
En cuanto a la posibilidad de retirar los permisos de operación en caso de paros, Barahona subrayó: «No dudaremos en hacer cumplir la ley; la población merece respeto y un transporte que cumpla con los estándares de calidad».
Por otro lado, Wilmer Cálix, líder del sector del transporte, recordó que el bono es un subsidio dirigido a los usuarios, no a los concesionarios. Según él, con el decreto 78-2022, lograron acordar revisiones de tarifas cada seis meses, un compromiso que, según afirma, no se ha cumplido.
Cálix argumentó: «Debemos dejar de lado las consideraciones políticas, ya que las tarifas del transporte urbano impactan especialmente a los más vulnerables y suelen ser manipuladas por motivos políticos. Debemos apoyar tanto a los usuarios como a los concesionarios».
Además, Cálix aclaró que, al menos en Tegucigalpa, no están contemplando un «aumento» en las tarifas, ya que el decreto establece que en caso de incumplimiento de acuerdos, el bono se transferirá directamente al usuario y el concesionario podrá cobrar la tarifa «real» en las calles.
Este conflicto se desencadenó cuando el sector de transporte urbano anunció un paro de labores en Choluteca para este martes debido al incumplimiento del pago del bono compensatorio de la tarifa, específicamente, por una deuda de siete meses del Gobierno. Sin embargo, en las últimas horas antes de su inicio, el paro fue suspendido debido a las negociaciones gubernamentales para alcanzar un acuerdo.
