Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) manifestó en un comunicado su preocupación sobre la posibilidad de llevar a cabo una consulta ciudadana para la elección del nuevo fiscal general y adjunto en Honduras.
“Resulta poco viable y conlleva mayores implicaciones de reformas, lo que se traduce en un proceso largo y costoso (…) una consulta ciudadana podría aumentar la polarización política en el país y allanar el camino para una crisis institucional”, rezó una parte del comunicado.
Recientemente, Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, planteó la posibilidad de realizar un plebiscito o consulta popular para la elección del fiscal general y adjunto, ante la falta de consenso de las fuerzas políticas.
En respuesta a esta propuesta, los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre y Julio Navarro, señalaron que corresponde al órgano legislativo reformar el proceso de elección de estos funcionarios, ya que la Constitución de la República establece los mecanismos existentes y llevarlo a un plebiscito requeriría de una reforma y ratificación constitucional.
Además, se estimó que el costo de realizar esta consulta popular ascendería a 500 millones de lempiras y tomaría alrededor de 120 días.
En tal sentido, el Cespad lamentó que actualmente las fuerzas políticas estén involucradas en un conflicto jurídico que a criterio de ellos “en lugar de contribuir a una solución efectiva, agrava la urgente necesidad de resolver la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto”.
El 31 de agosto, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, quienes fueron elegidos por el Congreso Nacional como fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2018-2023, concluyeron su mandato constitucional.
Sin embargo, la falta de consenso en el Poder Legislativo impidió la elección de sus sucesores antes del 1 de septiembre, fecha en que vacaban.
Cabe resaltar que, el 1 de septiembre Daniel Sibrián, fiscal general interino, presentó su renuncia ante el Congreso Nacional, que requiere 86 votos para su aprobación.
No obstante, Luis Redondo, presidente del Legislativo la consideró “extemporánea” vía comunicado.
Dentro de su análisis, el Cespad señaló que los vacíos en la normativa constitucional y otras leyes reflejan la debilidad en el sistema legal para manejar situaciones complejas y disputas políticas en la selección de altos funcionarios públicos en un sistema político que ha evolucionado hacia el multipartidismo.
“Esta normativa genera incertidumbre, prolonga las controversias, socava la estabilidad y la confianza en las instituciones democráticas”, precisó la organización.
Por lo anterior, el Cespad recomendó a las fuerzas políticas “superar sus diferencias mediante un diálogo democrático e inclusivo”, “nombrar de manera urgente al fiscal general y fiscal general adjunto de acuerdo con la nómina presentada por la Junta Proponente”.
