Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, declaró su intención de convocar a una sesión ordinaria en cualquier momento para abordar la crucial tarea de elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Esta decisión surge después de cuatro intentos infructuosos de alcanzar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de Honduras.
Redondo expresó su determinación al afirmar: «En cualquier momento convoco a sesión para que nosotros sigamos con la agenda y podamos elegir al nuevo fiscal general de la República y al fiscal general adjunto. No descarto que pueda ser hoy mismo». Estas declaraciones las hizo ante periodistas, después de asistir a la ceremonia del Día de la Bandera Nacional en el Cerro Juana Laínez de Tegucigalpa.
El jueves previo, el Congreso hondureño no logró seleccionar a las nuevas autoridades de la Fiscalía General de la República para el período 2023-2028 debido a la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.
Durante una sesión legislativa que se prolongó hasta casi la medianoche, se realizaron tres votaciones de mociones nominativas de candidatos a fiscales generales y adjuntos, presentadas por el partido oficialista Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Libre propuso a Johel Antonio Zelaya para fiscal general y Marcio Cabañas para fiscal general adjunto, obteniendo 52 votos de los 86 necesarios para la elección.
En cambio, el PSH propuso a Marcio Cabañas y Jenny Gabriela Almendares para los mismos cargos, logrando 74 votos con el apoyo de otros partidos opositores como el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Para elegir a los dos nuevos fiscales, se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados que conforman el Parlamento hondureño, donde Libre cuenta con 50, el Partido Nacional con 43, el Liberal con 22 y el Salvador de Honduras con 10 representantes.
Luis Redondo, el titular del Congreso, reiteró su compromiso de buscar los consensos necesarios para elegir a las nuevas máximas autoridades del Ministerio Público.
Según la ley, los nuevos fiscales deberían haber asumido sus cargos el 1 de septiembre en reemplazo de Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Sibrián, fiscal general adjunto.
Analistas y líderes de partidos de oposición argumentan que, a pesar de que el período de Chinchilla y Sibrián ha concluido, deben permanecer en sus puestos hasta que se elijan a sus sucesores, basándose en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El jueves, el fiscal Sibrián afirmó que, de no haber elección, estaba obligado por ley a continuar en su cargo hasta que el Congreso elija a su sucesor.
