Tegucigalpa, Honduras – La jueza Karla Romero, quien cobró notoriedad por tomar la promesa de ley a la Presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión, ha sido despedida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de violaciones graves a las normas laborales y éticas.
La noticia fue revelada por la Supervisora General del Poder Judicial, Suyapa Matute, quien dio información detallada sobre los motivos detrás de decisión. Matute explicó que la resolución fue minuciosamente evaluada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien tomó la decisión de aplicar una sanción drástica: el despido de la abogada Karla Romero.
La sanción se sustenta en dos transgresiones fundamentales: la ingesta de alcohol durante el horario laboral y el incumplimiento sistemático de la jornada de trabajo. Estas violaciones, contrarias a la ley de la carrera judicial, pusieron en tela de juicio la integridad y profesionalismo de Romero en el ámbito laboral.
En ese sentido, la resolución fue llevada a la presidenta del Poder Judicial, quien, tras una cuidadosa revisión de las pruebas presentadas, avaló la medida disciplinaria. La presidenta, respaldada por el Pleno de Magistrados, notificó su determinación al mismo pleno, recibiendo el apoyo unánime de los magistrados.
La supervisora Matute, al abordar las razones que motivaron esta decisión, destacó que se trató de una evaluación exhaustiva y justa. La ingesta de alcohol durante la jornada laboral y el incumplimiento de la misma, elementos clave en la resolución, atentaban contra los valores fundamentales y la normativa que rige el comportamiento laboral en el Poder Judicial.
La relevancia pública de Karla Romero, quien participó en un momento relevante en nuestro país, como el evento de la toma de posesión de la presidenta Castro, añade un componente a esta noticia. La desvinculación de Romero, al parecer, destaca la importancia del mantenimiento de la integridad y el profesionalismo en el ámbito laboral, sin importar la notoriedad que pueda tener una figura.
Por ello, Matute considera que la decisión, fue tomada con base en principios jurídicos y bajo un debido proceso, en ese sentido resaltó la necesidad de mantener una relación laboral congruente con los valores institucionales y con las expectativas de la sociedad en su conjunto.
