Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó un recurso de apelación en contra de la resolución emitida, que al parecer del ente fiscal sin fundamento jurídico un juez de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenara vía resolución la devolución de 157 bienes incautados en el marco de la Operación Caudillo.
Según se detalló, a criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93-2021 en materia penal por lavado de activos, a la esfera de los procesos de privación.
De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada.
Juez desconoce proceso de privación y ordena devolver bienes incautados https://t.co/sCUAu2Y6A8 pic.twitter.com/qQH5CaU0vC
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 15, 2023
Se conoció que las personas no tienen cómo probar el origen legal de más de tres mil millones de lempiras, bienes que fueron asegurados en marzo de 2021 bajo el delito de lavado de activos, en Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.
Al respecto el MP detalló que se trata de 25 bienes inmuebles, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería.
Es importante destacar que, en el caso fueron procesados judicialmente los ciudadanos José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos, sin embargo, en juicio quedaron absueltos.
Por lo anterior, además de la impugnación ya presentada, el Ministerio Público procedió a interponer formal denuncia contra el referido juez de privación dominio, ante la Supervisión General del Poder Judicial y la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
