Tegucigalpa, Honduras. – El designado presidencial de la República, Salvador Nasralla, ha planteado serias interrogantes sobre la determinación del poder ejecutivo de publicar la Ley de Adhesión de Honduras al Banco Andino de Fomento (CAF), a pesar de que el poder legislativo no aprobó dicha ley.
La polémica surge debido a que, la ley ya ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, generando un fuerte debate en el país.
«Señores, este es un momento de quiebre en Honduras, 28 de julio. No lo dejen pasar, se lo digo a los diputados», expresó el designado presidencial Nasralla en un llamado enérgico a los diputados para que reflexionen sobre la situación actual. Sus palabras reflejan la importancia y la gravedad de la situación que enfrenta el país en relación con la Ley de Adhesión al Banco Andino de Fomento.
Además, Nasralla hizo hincapié en los problemas legales que enfrenta Honduras y planteó que estos no pueden ser resueltos debido a que «la corte la tiene el comunismo internacional». Con esta declaración, el designado presidencial pone en duda la imparcialidad y eficacia del sistema judicial del país.
Asimismo, el designado presidencial Salvador Nasralla dirigió un llamado directo a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, instándolos a definir su posición en relación con la situación actual. «Quiero hacer un llamado también a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que digan si son personas que apoyan la traición a la patria o son personas que defienden al pueblo hondureño», expresó Nasralla. Sus palabras reflejan una clara necesidad de transparencia y claridad en el accionar de la corte en estos momentos cruciales.
Estas declaraciones del designado presidencial Salvador Nasralla han generado un intenso debate en la sociedad hondureña, donde diversos sectores se encuentran divididos en cuanto a la publicación de la Ley de Adhesión al Banco Andino de Fomento y la postura de los poderes ejecutivo y legislativo.
Se espera que, en los próximos días, se realicen pronunciamientos por parte de los actores políticos y judiciales involucrados, para aclarar y abordar las preocupaciones planteadas por Nasralla.
