Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del día del Camarógrafo y Fotógrafo hondureño, conmemorado cada 25 de julio, se recordó que desde el año 2012 han sido asesinados 13 profesionales de estos gremios en el territorio nacional.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) informó que de los 13 fallecidos, 10 eran camarógrafos y 3 fotógrafos que trabajaban en medios digitales, impresos y televisivos. Lamentablemente, estos casos continúan en la impunidad.
El Conadeh destacó la valiosa labor de quienes, arriesgando su vida y seguridad, siguen capturando imágenes y videos que apoyan a los periodistas para presentar las noticias a los lectores y televidentes.
Durante los últimos años, más de medio centenar de fotógrafos y camarógrafos hondureños han sido objeto de amenazas, agresiones físicas y verbales, despojo y destrucción de su equipo de trabajo, detenciones ilegales e intimidación mientras cubren eventos como protestas sociales, desalojos policiales y actos gubernamentales.
Desde 2012, siete departamentos del país han sido escenario de estos trágicos sucesos. Cinco de las víctimas fueron asesinadas en Francisco Morazán, dos en Copán, y uno en cada uno de los siguientes departamentos: Yoro, Lempira, Atlántida, Cortés, Choluteca y México.
El 91% de los casos de trabajadores de medios que perdieron la vida de forma violenta siguen impunes, con solo un 9% de los responsables recibiendo sentencias condenatorias.
En total, desde el año 2001 hasta julio de 2023, el Conadeh ha registrado 97 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación, incluyendo a fotógrafos, camarógrafos, propietarios de medios, presentadores, corresponsales y otros.
Estos crímenes se han extendido a 43 municipios de 16 departamentos del país, siendo el Distrito Central el más peligroso con 22 muertes violentas. Otros lugares de alto riesgo incluyen San Pedro Sula, La Ceiba y Danlí.
Estos alarmantes datos resaltan la necesidad de brindar protección y seguridad a los profesionales de medios de comunicación en Honduras y de asegurar que se haga justicia por los actos de violencia cometidos en contra de ellos.
