Este sábado emprenderá un recorrido de 20 horas para mudarse de Florida a Nueva York con sus tres hijos y todavía no ha definido lo más importante para ellos: qué juguetes conservarán y cuáles dejarán.
Lejos de la abuela y los afectos que quedaron en Bogotá, Alejandra logró construir durante los últimos dos años una rutina para los niños en West Palm Beach, al norte de Miami, en el sur de Florida.
La joven colombiana de 30 años se levantaba temprano para hacer el desayuno. Luego acompañaba a Dominik, el mayor de 11, hasta la parada del autobús escolar y después llevaba al colegio a John y Samuel, los gemelos de 7 años.
Alejandra trabajaba en un almacén de comida desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Finalmente había encontrado una niñera que recogía a los chicos en la tarde y los cuidaba hasta que ella pudiera volver a casa.
Sin embargo, cuando Florida aprobó la ley SB 1718, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, los gerentes del almacén advirtieron al personal que sus puestos de trabajo estaban en riesgo.
La nueva normativa, también conocida como “ley antiinmigrante”, restringe el acceso de los indocumentados a empleos, carnets de identidad, servicios de salud y transporte. Entrará en vigor este primero de julio.
Camino a Nueva York
Al igual que Alejandra, la mayoría de los empleados del almacén son indocumentados.
“Me están cerrando las puertas a mí y a mis hijos”, dice mientras empaca las últimas pertenencias que los niños llevarán a Nueva York, donde el hermano de Alejandra les dará hospedaje mientras consigue un nuevo empleo.
A diferencia de ella, sus hijos ya hablan inglés. Dominik ingresó en un programa especial de matemáticas avanzadas, ciencias e informática de la escuela. Su sueño es estudiar finanzas en la Universidad de Harvard.
“Me siento menospreciada”, afirma Alejandra mientras separa un peluche de Simba, el hijo del Rey León, uno de los pocos juguetes que viajarán con la familia a Nueva York. “Lo único que quiero es que mis hijos tengan la oportunidad de estudiar y que sean profesionales”.
Nueva York es un “estado santuario”, como se conoce a las localidades donde los gobernadores demócratas aprobaron leyes para proteger los derechos de los indocumentados.
Gobernadores republicanos como DeSantis han estado enviando a los estados santuario, en autobuses o por avión, a migrantes que llegan a sus jurisdicciones después de cruzar la frontera sur.
Los dirigentes republicanos argumentan que la política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden permitió que el año pasado Estados Unidos alcanzara el mayor incremento del flujo migratorio irregular a través de la frontera con México en las últimas dos décadas.
Alejandra y sus hijos también entraron por la frontera con México. Ahora solicitan asilo.
La ley migratoria “más fuerte del país”
DeSantis promueve la SB 1718 como “la legislación contra la migración ilegal más fuerte del país”.
La nueva normativa obliga a las empresas que tengan 25 empleados o más a usar un sistema para verificar el estatus migratorio de los trabajadores (llamado E-Verify), les impone multas de US$1.000 diariamente si emplean a un indocumentado y amenaza a los empresarios con suspender sus licencias comerciales si incurren varias veces en estas faltas.
La ley prohíbe a las autoridades locales de Florida emitir documentos de identificación a extranjeros que se encuentren en Estados Unidos de forma irregular e invalida las tarjetas de identidad otorgadas por otros estados en esos casos.
También exige a los hospitales recopilar los datos migratorios de los pacientes y presentarlos ante las autoridades, para calcular los costos de brindar atención médica a personas indocumentadas.
Además, considera un delito grave que alguien traslade en su auto a una persona indocumentada para ingresar al territorio de Florida.
El Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington, estima que 772.000 personas indocumentadas residen en Florida.
Con Informacion de BBC
