La OEA pidió este viernes al gobierno de Nicaragua que «cese toda violación a los derechos humanos» y libere a los presos políticos, en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido en 2021 en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En protesta contra la negativa a reconocer estos comicios, Nicaragua pidió salirse del organismo, lo cual se concretará en noviembre.
En la resolución, el órgano supremo de la OEA reclama al gobierno que «cese toda violación a los derechos humanos; y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho; y a que se abstenga de toda forma de intimidación» contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés.
También le insta a «liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos», como le han pedido que haga los órganos de la OEA; y «deje sin efecto las normas» que privan de nacionalidad a opositores, como los 222 expresos desterrados este año a Estados Unidos.
El país debe cooperar con los organismos internacionales de derechos humanos, «incluso mediante acceso a su territorio».
OEA defiende a la iglesia de Nicaragua
La OEA se declara «profundamente preocupada por las denuncias de persecución» de comunidades religiosas que «sufren detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada» en Nicaragua apuntó el documento.
En consecuencia, le pide que «se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica; y que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez», a quien «se le mantiene aislado».
El obispo fue detenido en 2022 y condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, «menoscabo a la integridad nacional».
La OEA también se declara «alarmada» por la prohibición y confiscación de los bienes de más de 3.000 oenegés en el país; acusadas de violar las leyes, incluidas varias universidades privadas. Y sale en defensa de la prensa al reclamar a Nicaragua que evite «toda forma de intimidación y acoso».
La resolución suscitó controversia después de que Brasil introdujera cambios en el borrador inicial presentado por Estados Unidos; Canadá, Chile, Costa Rica y Antigua y Barbuda que le restaron contundencia pero sin alterar su esencia. Según la-razon.com
