Tegucigalpa- La corrupción, complicidad y sabotajes al interior del Sistema Penitenciario Nacional, ha sido el detonante para que actos violentos se estén generando en los últimos días, los que han dejado como resultado, dos privados de libertad muertos en los Centros Penitenciarios de Morocelí, en el departamento de El Paraíso e llama, Santa Bárbara.
Según información de inteligencia penitenciaria en poder de la Comisión Interventora, el objetivo que conlleva el crimen organizado es desestabilizar el plan de acción instruido por la Presidenta de la República Xiomara Castro a través de la puesta en marcha de la «Operación Refundación Penitenciaria», que tuvo su primera fase en el Centro Penitenciario de llama, Santa Bárbara.
En el desarrollo de las acciones tácticas operativas, se detectó la filtración no solo de la primera fase de la operación; sino hasta de información del avance de la misma, obstaculizando el decomiso total del armamento que actualmente tienen los privados de libertad en su poder.
Durante la operación, quedó al descubierto la manera de operar de estas estructuras criminales que utilizaban su ingenio y sobornos en la creación y habilitación de caletas removiendo bloques, el piso, banquetas con un peso aproximado de unas 200 libras y puertas blindadas.
En el marco de la transparencia y combate a la corrupción la Comisión Interventora integrada por la Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva; la abogada Sandra Rodríguez y el exfiscal contra el crimen organizado Mario Chinchilla, resolvió remover a todo el personal penitenciario que desempeñaba labores operativas, asignando a un nuevo grupo de agentes.
Sin embargo, miembros de otra institución de seguridad también brindan apoyo en dichas funciones, pero a la fecha, esas personas permanecen en sus asignaciones a pesar de las denuncias anónimas de la complicidad con los privados de libertad al introducirles armas de fuego, droga, entre otros objetos de uso prohibido.