San Salvador. El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ordenó a la jefa del Gabinete del Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, el reintegro de 25.000 dólares y la multó con 2.300 dólares por la «infracción al deber ético» en la gestión de fondos destinados a becas, según trascendió en medios salvadoreños.
Héctor Silva, quien presentó la demanda contra Recinos ante el TEG y concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido opositor Nuestro Tiempo (NT), informó este lunes a través de sus redes sociales de la resolución final emitida por dicho ente.
«La jefa del Gabinete del presidente de la República (Nayib Bukele) es directamente responsable por hacer un mal uso de su poder y de recurso del Estado. Eso solo tiene un nombre y es corrupción», dijo el político en un video en el que señaló que Recinos debe reintegrar al Estado 25.000 dólares y pagar una multa de 2.300 dólares.
«Espero que ahora el Gobierno de Nayib Bukele utilice ese dinero para favorecer a jóvenes que realmente lo necesitan y no a los funcionarios en las más altas esferas del Gobierno», expresó y agregó: «Hoy, por primera vez, una institución salvadoreña ha obligado a uno de los involucrados a hacerse responsable y eso es más valioso que cualquier multa».
La demanda contra Recinos fue presentada a principios de octubre de 2022 y después de que el medio salvadoreño Factum publicara una investigación en la que afirmaba que la funcionaria le otorgó a su nuera «una beca financiada con recursos del Gobierno para que estudiara una maestría en Rusia».
«Lo hizo en su calidad de coordinadora del consejo de administración del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL), dos meses después de haber relajado los requisitos para el otorgamiento de esa beca», según señala la publicación.
Recinos renunció a su cargo de coordinadora del Consejo de Administración de FANTEL, según una publicación del Diario Oficial.
Estados Unidos incluyó en julio de 2021 a Recinos en una lista de personas centroamericanas sospechosas de corrupción o de socavar la democracia. El informe acusa a la funcionaria de haber incurrido en una «corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal» y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero.
Ni el presidente ni la jefa del Gabinete de Gobierno han reaccionado, hasta el momento, ante lo señalado por EE. UU.
