Tegucigalpa. La ausencia de una ley específica que castigue la divulgación de contenidos íntimos sin autorización de la persona afectada y la falta de un protocolo estatal de atención generan que cada vez más mujeres y niñas hondureñas sean víctimas de la violencia digital, que a menudo causa en ellas miedo y frustración.
Ese es el caso de Iris Alas, una hondureña que comentó a EFE que en septiembre de 2000 varias fotos suyas fueron publicadas sin su permiso en el grupo Catranuds, de la aplicación de mensajería Telegram, algo que calificó como un hecho «traumático».
“Yo fui víctima de divulgación de contenido íntimo en un grupo de Telegram llamado Catranuds (…), no tenía claro cómo habían llegado esas fotografías ahí, entonces lo primero que pensé fue que había sido una expareja», señaló.
Alas, quien es maestra de profesión y activista de la organización Laboratorio Ciudadano de Honduras, acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia, pero la respuesta que obtuvo fue que la divulgación de contenido íntimo «no era un delito».
La activista no se dio por vencida en su intento de que su caso fuera visible, lo que hizo meses después a través de diferentes plataformas, que además le permitieron, según su relato, conocer a otras mujeres afectadas por la violencia digital y el trabajo de la organización Laboratorio Ciudadano de Honduras.
MIEDO Y FRUSTRACIÓN
La falta de apoyo de las autoridades «es uno de los peligros más latentes porque dejan desprotegidas a todas estas mujeres» y «muchas de ellas pierden la esperanza en sus casos y deciden irse del país porque sienten que en Honduras ya no pueden vivir por el acoso», enfatizó la activista.
Según Laboratorio Ciudadano, desde su creación, en diciembre de 2020, hasta marzo de 2022, Catranuds había expuesto «a un poco más de 550 mujeres y niñas», una cifra que se ha duplicado a la fecha.
La exposición de fotos causa un “evento traumático” en las mujeres y niñas, quienes sienten “miedo, frustración” y sufren “victimización” de parte de las autoridades al denunciar, dijo a EFE Aldo Salgado, de Laboratorio Ciudadano Honduras.
Ellas sufren “el trauma inicial que genera la exposición, más las frustraciones que van teniendo según se van moviendo por el sistema de justicia”, subrayó Salgado.
Laboratorio Ciudadano, con apoyo del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla de Honduras, ofrece a las víctimas ayuda psicológica, y apoyo en el proceso judicial, si deciden denunciar.
PREVENIR Y CASTIGAR LA VIOLENCIA DIGITAL
Salgado lamentó «la falta de conciencia» de las autoridades de Honduras sobre la magnitud del problema y la escasez de recursos humano y tecnológico del Ministerio Público para investigar este tipo de casos.
En el caso de Telegram, según Salgado, el problema es «muchísimo más grave» porque la aplicación de mensajería «solo atiende cuando hay una consecuencia muy grave».
El Estado de Honduras «ha renunciado del todo a la jurisdicción de lo digital», enfatizó el experto, que cuestionó que el país centroamericano no tenga una legislación para combatir la violencia digital.
El país debe legislar para prevenir y castigar la violencia digital de género, según Salgado, que defiende que las personas tienen «derecho a vivir su sexualidad y grabarse en el entorno de pareja con toda libertad».
Salgado pidió a las autoridades hondureña que «tomen esto en serio», aprueben la llamada Ley Olimpia, una reforma legal que castiga la difusión de imágenes de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona implicada, y promuevan programas formativos para que ellas conozcan cómo proteger sus dispositivos y su vida en el mundo digital. EFE
